Impulso Ciudadano llama al rechazo contundente al pacto entre PSC y ERC
«Llamamos a todos los ciudadanos, partidos y asociaciones a mostrar su rechazo al mismo, tanto en la calle como en el debate público y a que se estudien las acciones legales que puedan adoptarse para impedir este ataque a nuestro modelo de convivencia».
El acuerdo alcanzado entre el PSC/PSOE y ERC para conseguir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña vulnera la igualdad entre los españoles y los derechos de los ciudadanos y supone la ruptura del pacto constitucional, profundizando en una confederalización de España que se está construyendo cesión a cesión y sin haber consultado al conjunto de los españoles.
El pacto incluye dos medidas de una extraordinaria gravedad que han de ser rechazadas con contundencia tanto en Cataluña como en el conjunto de España.
La primera de ellas es la creación de un concierto fiscal específico en relación con Cataluña que rompe la unidad de la Hacienda española en los territorios no forales. En estos, y de acuerdo con lo previsto en la propia Constitución, opera una Hacienda propia con el resultado de que dichos territorios tienen una situación de privilegio respecto a otras comunidades autónomas. Ahora se quiere trasladar este régimen a Cataluña, sin base constitucional para ello y con una afectación profunda a la igualdad entre todas las comunidades autónomas españolas.
La fragmentación de la Hacienda supondrá, de hecho, una quiebra de la soberanía española y la creación de agravios entre los ciudadanos residentes en diferentes partes de España, además de limitar la capacidad de las instituciones comunes a todos los españoles para desarrollar políticas que beneficien al conjunto de los ciudadanos. Nos haremos más pequeños, la mayoría más pobres y aquellos que piensen que la insolidaridad les reportará réditos inmediatos verán en poco tiempo que estos se tornan en perjuicio por el debilitamiento del conjunto del país que resultará de una medida que carece absolutamente de justificación.
Ningún interés general justifica la cesión de soberanía fiscal a los nacionalistas catalanes, tratándose, tan solo, de un pago que se hace para la investidura de Illa; pero un pago que se cargará en los hombros del conjunto de los españoles. Que una modificación de este calado para la estructura fiscal de España resulte de un pacto bilateral para la investidura de un presidente autonómico resulta grotesco; una muestra más de la absoluta falta de sentido de Estado del Partido Socialista y de su nula preocupación por los intereses del conjunto de los españoles. Afecta a la esencia misma del pacto constitucional que una medida que afectará a todas las comunidades autónomas se tome de espaldas a éstas y a las instituciones que representan al conjunto de los españoles.
La segunda de esas medidas es el “blindaje” al inconstitucional sistema de imposición de una educación monolingüe en catalán (inmersión lingüística). Esta parte del pacto es una nueva traición socialista a los catalanes que no comparten los planteamientos nacionalistas y a los derechos de los alumnos catalanes, privados en su mayoría de una educación en la que se utilice, como lengua vehicular, la suya materna. La exclusión del castellano como lengua de enseñanza, de comunicación en el seno de la comunidad educativa, con las familias y con los terceros responde tan solo a una política nacionalista radical que entiende la escuela, los alumnos y sus familias como herramientas de construcción nacional. El PSC/PSOE ya ha dado abundantes muestras de su complicidad, cuando no participación directa en ese plan, y el acuerdo al que ha llegado con ERC lo confirma de nuevo.
El acuerdo entre ERC y socialistas es un ataque a los derechos de los catalanes no nacionalistas y al del conjunto de los españoles, no tiene encaje en nuestra arquitectura constitucional, profundiza en una confederalización del país que no ha sido decidida por el conjunto de los españoles, debilita al proyecto común que es España y supone una traición a muchos socialistas que en absoluto compartirán el
contenido de este acuerdo.
Llamamos a todos los ciudadanos, partidos y asociaciones a mostrar su rechazo al mismo, tanto en la calle como en el debate público y a que se estudien las acciones legales que puedan adoptarse para impedir este ataque a nuestro modelo de convivencia.