SCC sobre la mayoría independentista en la Mesa del Parlament y la entrada en vigor de la amnistía

El exconseller Josep Rull, condenado por el Tribunal Supremo a 10 años de cárcel e inhabilitación para cargo público por un delito de sedición tras su participación en la organización del referéndum ilegal de 2017, ha sido elegido nuevo presidente del Parlament de Cataluña gracias a un acuerdo entre Junts, ERC y la CUP que habría sido imposible sin la venia de una ley de amnistía que borra los delitos cometidos por los impulsores del procés.

Los separatistas no sólo se han hecho con la presidencia de la segunda institución de Cataluña, sino que, como siempre, han logrado dejar a un lado sus discrepancias y enfrentamientos para retener la mayoría nacionalista en la Mesa del Parlament, órgano encargado de organizar la actividad parlamentaria. Junts y ERC, derrotados en las urnas el pasado 12 de mayo, se reparten 4 de los 7 asientos. El PSC, claro ganador de las elecciones, se queda con los restos. La Historia es tozuda y tiende a repetirse. Algo que, a estas alturas, ya deberíamos saber.

Si en las elecciones catalanas de hace un mes se abrió un escenario inédito y esperanzador en Cataluña, en el que por primera vez en 40 años el nacionalismo no sumaba mayoría en votos ni en escaños, en la sesión constitutiva del Parlament se desvaneció la primera oportunidad de cambio real dada la incapacidad o el desinterés por liderar una alternativa para trasladar la pluralidad existente en la sociedad catalana al órgano rector de la Cámara autonómica.

La supuesta legislatura de la "convivencia y el entendimiento" -falsa coartada del Gobierno para justificar la ley de amnistía pactada con condenados y prófugos- ha arrancado de la peor de las maneras, estableciendo un marco similar al de 2017:

• Un independentista preside el Parlament de Cataluña y en su primera intervención pone la institución al servicio de la causa separatista, ignorando los principios de neutralidad, imparcialidad y lealtad.
• Mayoría separatista en el órgano rector de la actividad parlamentaria.
• Acto de desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir el voto telemático a los prófugos Carles Puigdemont y Lluís Puig.
• Alegato institucional contra los jueces y el Estado de derecho por parte del presidente de la Mesa de Edad, diputado de Junts e ideólogo del procés.

Hoy, solo unas horas después de la constitución del Parlament, ha entrado en vigor la ley de amnistía tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde Societat Civil Catalana -entidad organizadora de la multitudinaria manifestación del 8 de octubre de 2023 contra una medida arbitraria y servil- nos comprometemos con los españoles a hacer todo lo que esté en nuestras manos para impedir el archivo de las causas judiciales en curso en las que ejercemos como acusación contra el nacionalismo totalitario. Actuaremos en el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Barcelona para que quienes atentaron gravemente contra la convivencia rindan cuentas.

Como hemos venido advirtiendo en los últimos meses a través de comunicados y posicionamientos públicos, y también en interlocución privada con los líderes políticos, la aprobación de la ley de amnistía constituye un atropello a la democracia y al Estado democrático de derecho por parte del Gobierno. Con la entrada en vigor de la norma, negociada de espaldas a los españoles y aprobada con el único objetivo de mantener el poder a cambio de 7 votos, creemos que el Ejecutivo y sus socios parlamentarios conculcan el principio fundamental de igualdad de todos españoles ante la Ley.

Ahora es el tiempo de la Justicia. Confiamos.