Elda Mata Miro-Sans (Barcelona, 1953) es una de las caras de la defensa del constitucionalismo en Cataluña. Preside la organización Sociedad Civil Catalana, que agrupa a cientos de anónimos ciudadanos que se declaran hartos de la imposición de los deseos independentistas de quienes no son más que una minoría en Cataluña, como queda de manifiesto encuesta tras encuesta. Ahora se sienten abandonados por un Gobierno que ha decidido a aceptar todas las exigencias de los separatistas por la necesidad de sus votos para seguir en el poder.
Han pasado 40 días desde la entrada en vigor de la amnistía. ¿Cómo valora la resistencia judicial a aplicarla?
–Sabíamos que habría mucha oposición a la aplicación de la amnistía en los tribunales de Justicia. Estamos donde creíamos que íbamos a estar, que es en el caos total de una ley que consideramos que no debería haberse aprobado nunca y que afortunadamente se está encontrando con muchas trabas en el camino. El olvido de los delitos del procés supone ceder al chantaje nacionalista y lo único que va a producir es un agravio comparativo con el resto de los españoles y un envalentonamiento de los propios líderes separatistas..
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Resto de la entrevista, recogida en esta entrada con fecha 4/08/2024, nueve días después de la primicia (26/07/2024).
¿Confían en que el Constitucional avale la doctrina del Supremo, contrario a perdonar la malversación del procés?
—Estamos viendo cosas muy extraordinarias en los últimos tiempos, como si el Constitucional se hubiera convertido en una cuarta sala. En todas estas causas en las que nos oponemos desde Sociedad Civil Catalana vemos que hay argumentos que avalan la inconstitucionalidad de la ley, total o parcial. Y creo que estos tendrán que ser escuchados por el Constitucional. Les va a costar decir que no hay ninguna pega jurídica en su aplicación.
Puigdemont tiene intención de regresar en agosto.
—Él sabe lo que se juega, tiene que responder ante la ley por unas acusaciones muy concretas, que pueden ir ampliándose con el tiempo, y ahora está valorando si le compensa o no volver. Lo único que le puede empujar a regresar es que esto le suponga a él o a su partido algún rédito político.
La ANC está agitando las calles. ¿Qué puede pasar si vuelve y es detenido?
—Si Puigdemont vuelve en olor de multitudes o en el maletero del coche, como es costumbre, no lo sabemos. Pero al final, la ley se acabará aplicando, y él lo sabe. Por eso está estudiando de siete maneras distintas si venir o no, diciendo y desdiciendo… En fin, ya veremos.
La causa de Tsunami, por la que estaba siendo investigado por terrorismo, fue archivada por un error procesal…
—Estamos convencidos de que Tsunami no debería cerrarse, hay posibilidades de que así sea. Nosotros nos atenemos siempre a la ley, pero lo seguimos peleando. Focalizamos mucho en Puigdemont, pero los hechos que hay detrás son muy graves. Lo que pasó en Cataluña en el 2019 fue una movilización masiva para tratar de coartar e impedir el correcto funcionamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay que investigarlo, porque puede volver a ocurrir. Los nacionalistas no se arrepienten, siguen su hoja de ruta. Mire qué ha dicho Marta Rovira al regresar a España: que vuelven para acabar lo que empezaron.
Los independentistas acusan a los jueces de perseguirlos por razones políticas. ¿Usted cree que hay lawfare en España?
—No, no lo creo. Siempre habrá profesionales de la judicatura que acierten más o menos. El lawfare no existe, es puro victimismo independentista, muy en la línea de lo que suele hacer el nacionalismo catalán, creerse víctima de todo. Todo lo que va en su contra lo considera represivo e ilegítimo. Lo peor es que el Gobierno ha comprado ese relato. La acusación de lawfare responde puramente a la compra de los votos nacionalistas para seguir gobernando España.
¿Usted cree que la amnistía ha servido para pacificar Cataluña, como defiende el Gobierno?
—Absolutamente no. Yo vivo en un pequeño pueblo de Gerona, donde ni los empresarios se atreven a alzar la voz contra el nacionalismo porque muchos contratos dependen de la Generalitat, que no es una Administración neutral. Yo veo cómo a los niños se les obliga a hablar catalán en la escuela o que para acceder al empleo público se exijan niveles de catalán insalvables. Mucha gente se calla, porque no quiere ser señalada como los padres del niño de Canet. No solo se obliga a la inmersión lingüística, sino que se excluye todo lo español, con los resultados pésimos que vemos en los informes PISA.
Illa y el PSC han ganado las elecciones, pero lo que se está negociando, como la financiación singular, pasa por el Gobierno de España, que está supeditado a los votos nacionalistas.
—Mire qué ha pasado con el Parlamento de Cataluña, que sigue en manos independentistas. Llevamos 45 años de políticos cortos de miras en su relación con Cataluña, primero con CiU y ahora con Junts, que ha permitido que el nacionalismo tenga un peso que no le corresponde. No es lógico que el Gobierno de España dependa de partidos que quieren romper España.
