Teresa Freixes en la presentación del libro 'Cataluña vista desde fuera'

Acto celebrado en Madrid, el 13 de mayo de 2019. [ver la convocatoria invitación]

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Intervención de Teresa Freixas.

Algo tenemos que hacer. No se trata de la conllevancia orteguiana, que implicaría el reconocimiento de un conflicto entre España y Cataluña.

• De Yturriaga identifica muy bien en su libro “Cataluña vista desde fuera” las raíces y las modalidades del conflicto, que no se produce hoy entre España y Cataluña, sino entre dos maneras de entender las relaciones sociopolíticas, económicas y jurídicas, con independencia del lugar de nacimiento o residencia.
• Desde mi apreciación, y no sólo por la lectura de este libro, se trata de un conflicto cultural en torno a la manipulación que se pretende realizar sobre los conceptos básicos que hoy rigen en los Estados modernos: la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
• Y es un conflicto cultural que tiene, como podemos ver en esta obra, unos antecedentes, pero que hoy, en Cataluña, mediante la educación y la comunicación entendidas como arma de construcción social hegemónica por parte de uno de los integrantes del problema, aquella parte que detenta el poder institucional aunque no tenga la mayoría social, y que pretende impregnar totalitariamente el pensamiento civil.

Afortunadamente todavía quedan resquicios, como este libro, cuyo prólogo tengo el placer y el honor de escribir, que nos permiten ver, como tras una puerta cerrada a cal y canto pero que cada vez tiene más agujeros, el desmoronamiento, lento pero inexorable, del supremacismo que impregna esa historia inventada que nuestro Embajador contribuye a desmontar.

• Ciertamente, ese “levantar el velo” a episodios del pasado, o del presente, es una tarea difícil y comprometida.
• Porque se trata de no aceptar la “verdad revelada” o la “historia construida” desde pre-concepciones que poco tienen que ver con los indicadores que las Ciencias Sociales tienen categorizados como objetivos y que, aunque puedan variar, porque siempre pueden aparecer vestigios nuevos que nos hagan replantear el pasado, están sometidos al contraste y a la investigación basados en fuentes fiables, no en ficciones interesadas.

Pues bien, esto es lo que tiene lugar a lo largo de esta obra.

• Un análisis contrastado, que usa fuentes reconocidas como válidas y que, en numerosas ocasiones nos hace replantearnos no sólo ideas sino hechos, desde una verificación que desmonta mitos.
• Por poner solo un ejemplo, el primero que me ha desmontado, aunque los leridanos ya lo teníamos “en cuarentena”, es la historia de Indíbil y Mandonio como héroes ilergetas frente a la romanización, cuya representación icónica se sitúa frente al puente de Lérida que, siendo el sucesor de múltiples puentes, nos recuerda al viaducto romano que según los grabados de la época existió en su día para cruzar el Segre y entrar en la entonces amurallada ciudad. Los héroes locales haciendo frente a la vía civilizatoria…
• Siempre decimos, en Lérida, que vaya Vd. a saber quiénes fueron en realidad, esas dos ennegrecidas personas, lanza y espada en ristre, que nos dan tan imponente bienvenida al entrar en la ciudad, en la Lérida antigua.
• Pues bien, nuestro Embajador va al fondo del asunto y, sin que yo quiera desvelarlo ahora, nos explica, desmontándolo, el mito.
• Si ya en su momento, con lo escasamente construida que estaba la comunicación, ya existía lo que hoy denominamos fake-news, imaginemos ahora, con todo lo que las redes y los nuevos medios de comunicación ponen a disposición de manipuladores de todo pelaje.

De Yturriaga analiza también los actores, institucionales y civiles, de esta especie de “representación procesista” que ocupa día tras días nuestra realidad cotidiana.

• Nos revela cómo a veces los mismos actores representan diversos personajes y cómo, al modo del “Sueño de una noche de verano” van apareciendo y desapareciendo según las tácticas que en cada momento se diseñan, a veces desde las instituciones y, otras, desde las organizaciones por aquéllas sustentadas, siempre desde el lado secesionista.
• El ámbito del constitucionalismo poco ha podido hacer en estos escenarios en los que ha estado, la mayor parte de las veces, como convidado de piedra, sin voz, como corresponde a una mayoría silenciada, tanto desde el secesionismo, que ocupa todo el espacio posible, como desde el constitucionalismo, que no ha facilitado como hubiera debido, que la mayoría social de los catalanes y residentes en Cataluña estuviera presente en lo que algunos han denominado “el diálogo”, considerado como necesario para encauzar el conflicto, pero inoperante a todas luces, no sólo por los nulos resultados sino porque el haber dado de lado a esa mayoría social, ha creado, por una parte, una falsa apariencia de querer solucionar las cosas hablando sólo, desde instancias gubernamentales españolas, con una parte de la ciudadanía y, por otra, una profunda desconfianza de esta parte ante cualquier iniciativa que pueda tomarse, puesto que se ha sentido preterida y negada en su legitimidad como actora democrática de la representación.

Sin el Tribunal Constitucional y sin la jurisdicción ordinaria, además de la defensa del orden constitucional realizada por el Rey, quienes no han hecho otra cosa más que cumplir legal y legítimamente con sus funciones, el desastre hubiera sido mucho mayor que el que tenemos en frente.

• Porque es un desastre, para la política, que hayan tenido que ser los jueces y le Rey quienes tuvieran que enfrentar los desafíos, bajo una crítica demoledora, dirigida a desacreditarlos ante la ciudadanía, tal como mandan los “cánones” de las modernas técnicas del golpe de Estado, que precisa de la neutralización y desprestigio de las instituciones democráticas para sustituirlas ilegalmente por otras.

Kelsen ya lo advirtió, pues así lo pudo comprobar en persona, directamente, que los golpes de Estado constituyen la sustitución de las normas y las instituciones jurídico-constitucionales democrática y previamente adoptadas, por otras normas y otras instituciones que se forman sin seguir las vías legalmente previstas para ello.

• Cuando ello sucede así y los políticos no quieren o no pueden hacer frente a tales tácticas, son los jueces quienes, en defensa del orden constitucional, se erigen en custodios de la ciudadanía, aquí y en cualquier otra democracia.
• Recordemos los períodos de “gobierno de los jueces” que jalonaron la construcción del federalismo estadounidense; en ellos pudimos comprobar que, la acción de los jueces, fue tanto más necesaria cuanto más inoperantes se mostraron los políticos.

Por una parte, aunque comparto doctrinalmente, como en buena parte de la teoría jurídica europea, que los Estatutos de Autonomía son normas constitucionales de segundo grado, y así lo tengo escrito y razonado en diversos trabajos jurídicos, no puedo aceptar que en su elaboración sean normas autónomas, es decir, que se desgajen, en su elaboración de lo que les ha podido ir dando coherencia en el marco del sistema jurídico multinivel, que es la segunda tramitación del texto, aprobado primero en el Parlamento autonómico y que, a continuación deban ser aprobados como leyes orgánicas en las Cortes Generales.

• Es posible que quizás no deban ser leyes orgánicas, o puede que se tenga que llamarles de otra manera, pero la historia de nuestra democracia nos ha demostrado que la lealtad constitucional no brilla precisamente en forma diáfana entre nuestros políticos (periféricos especialmente, pero no sólo entre ellos) y que a pesar de que mis colegas quieran sujetarlos a la Constitución y de que ahora ya volvemos a tener en vigor el recurso previo de inconstitucionalidad, la falta de ensamblamiento procedimental en la adopción de normas de tal calibre, nos va a generar la peor de las situaciones si los estatutos aprobados por los parlamentos autonómicos abandonan la tramitación y condición de leyes orgánicas.

Una cosa es lo que podría gustar, como desiderata, y otra la realidad a la que nos estamos enfrentando.

• Sobre todo, porque, quizás no hayan tenido en cuenta que la idea de que los Estatutos de Autonomía no fueran objeto de recurso previo, siempre defendida por los nacionalistas vascos y catalanes respondía a la idea, que siempre expresaron en los debates parlamentarios y así consta en el Diario de Sesiones, de que, para ellos, los Estatutos de Autonomía, en su pretendida y preconcebida bilateralidad jurídica frente al Estado, no podían ser objeto de ningún control de constitucionalidad.

Tampoco comparto, como catalana, española y europea, la idea de "singularidad" que se pretende para algunas comunidades autónomas, la catalana por ejemplo.

• Chirría frontalmente con todo el proceso de integración, federativo, que venimos trabajosamente tejiendo en Europa.
• Esta singularidad, de ser reconocida, no puede ser puramente retórica, pues por qué se la reclama si ello no produce efectos, o simbólica, que contente a los que nunca se van a contentar.
• Rompe, por lo demás, toda idea de ciudadanía, que es la base de la construcción europea, forjada alrededor de los derechos y obligaciones comunes.

Por lo demás, ¿cuáles pueden ser los elementos "singulares"? ¿La Historia? ¿La lengua? ¿Los sentimientos? ¿Un Corpus jurídico previo?

• Singularidad evoca identitarismo (no sería necesario proclamarla de no ser así) y ha sido precisamente el falso identitarismo, identificado por el nacionalismo bajo la idea de "un sol poble" [un único pueblo] lo que ha otorgado a la realidad actual que estamos viviendo rasgos supremacistas, excluyentes y antidemocráticos, ofensivos para esa gran mayoría ciudadana que no se ha situado en el ámbito de la "singularidad".
• Hoy en día no son los genes lo que predetermina a las sociedades libres y democráticas, es su voluntad de coexistir, racionalmente, con igualdad de derechos y obligaciones.

Por algo, situamos entre los valores de la Unión Europea, que son comunes (y establecimos que "son" no que deben ser) a sus Estados miembros, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

• Digo que los situamos en el Tratado de la Unión Europea porque participé directamente en ello y quiero destacar la última frase: los derechos de las personas pertenecientes a minorías, no los derechos de las minorías, puesto que era la idea de ciudadanía lo que nos tenía que unir, no las identidades nacionales ni los identitarismos singularizados, precisamente para evitar lo que los nacionalismos habían originado en Europa durante la primera mitad del Siglo XX.
• Como decía Jean Monnet, se trataba de unir personas. Mal casa con la realidad europea, española y catalana la juridificación de singularidades. Salvo que se trate de entrar en el ámbito conceptual propio del nacionalismo identitario. Pero para este camino no eran necesarias tantas alforjas.

Proponer, como se hace a veces, la recuperación de los contenidos del Estatuto de Autonomía de 2006, declarados contrarios a la Constitución por el Tribunal Constitucional en 2010, o sujetos a la interpretación establecida por la sentencia, no es una técnica ajena al constitucionalismo comparado.

• Francia lo ha hecho en varias ocasiones sin que se desangre el sistema.
• El problema no está en la técnica, está en el contenido de lo que se pretende recuperar.
• Ello estaba en la base de la primerísima propuesta de reforma del Estatuto que se barajó y de la que me retiré desde el primer momento, puesto que claramente detecté que lo que con esos primeros papeles se pretendía era la voladura del Estado.

La reforma fue concebida, y ello es así reconocido por sus propios autores, como un texto que superase a la Constitución de 1978 para obligar a una reforma posterior de la Constitución que tuviera como ejes lo que se incorporase al Estatuto de Cataluña.

• Como si lo que se decidiera en una Comunidad Autónoma pudiera condicionar a la reforma territorial del Estado en su conjunto. Ello constituía, para mí, un torpedo en la línea de flotación del federalismo.
• Porque el federalismo no supone la centrifugación competencial que ha sido la práctica observada en la organización del Estado de las Autonomías, sino el establecimiento de instrumentos de cooperación, coordinación y colaboración para que la toma de decisión se organice teniendo en cuenta la realidad de todas las personas presentes en todos los territorios.
• Porque el federalismo no se basa únicamente en cooperaciones bilaterales entre la federación y los órganos federados de cada territorio sino en gran medida en el establecimiento de instrumentos de cooperación multilateral.
• Y porque el federalismo no encaja con las singularidades, ni los supremacismos ni los etnicismos, más soñados e inventados que reales, que vienen jalonando el conflicto en el que nos hallamos sumergidos.

Llegados a este punto, quizás cabe preguntarse si existe alguna solución a todo este embrollo en el que nos ha situado el desafío secesionista.

• El Embajador De Yturriaga también se lo pregunta varias veces a lo largo de su obra y, especialmente, en la parte final.
• No tengo respuesta para ello, ni a corto ni a medio plazo, pero es indudable que a largo plazo hemos de haber podido salir de esta situación.
• Sí que tengo claro que, para que tal cosa suceda, son necesarias dos premisas:

En primer lugar, el restablecimiento, en toda su extensión, del orden constitucional democrático en Cataluña.

• Ello comporta el acatamiento y la aplicación de la ley y el cumplimiento de las sentencias, comenzando por la reciente STC sobre la Ley catalana de educación, que obliga a rehacer el modelo, en sus contenidos, respecto del profesorado y para garantizar la igualdad lingüística. Lo que hace falta es aplicar las normas.
• Ejercer las competencias que se tienen. Aumentar los instrumentos de cooperación entre instancias centrales e instancias autonómicas, dejando de una vez la bilateralidad interesada y la centrifugación competencial comprada a cambio de los exiguos votos que permiten realizar políticas cortoplacistas. Y garantizar el pluralismo en los medios de comunicación y en la vida pública.

Y en segundo término, el reconocimiento de la pluralidad interna de Cataluña, con la incorporación del constitucionalismo, de todo el constitucionalismo, no sólo de una parte del mismo, al debate sobre las modalidades de reconducción del problema.

• Todo ello, claro está, en el marco de los valores constitucionales y europeos. Y si es necesario realizar cambios, háganse, pero siempre dentro del respeto a los procedimientos constitucionales y legales previamente establecidos.

Ello implica que el diálogo famoso tenga que contar con todos los interlocutores del constitucionalismo.

• En este contexto, si quienes hasta ahora han negado la vigencia y la legitimidad del orden constitucional se empecinan en su actitud no cambian explícita y fácticamente de postura, la coerción estatal deberá, como instrumento generalizado en todos los sistemas compuestos (federales, regionales, etc.) actuar mediante los mecanismos constitucionales y legales que están previstos.
• No sacralicemos el art. 155 CE. Pero no olvidemos que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con suficientes instrumentos que permiten operar con precisión de cirujano en los distintos ámbitos de “estructuras de estado” que la Generalitat no deja de construir e imponer. Se lo debemos a nuestros hijos y nietos.

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