El 10 de enero, el grupo socialista en el Congreso presentó una proposición de Ley Orgánica que se presenta como un instrumento para impedir "el acoso derivado de acciones judiciales abusivas". La proposición pone fin, en la práctica, a la acusación popular; de tal manera que tan solo el Ministerio Fiscal podría tomar parte en la instrucción de la mayoría de los casos que afectan a intereses generales. Además, limita la posibilidad de los jueces para investigar ciertos delitos y amplía los motivos de abstención y recusación. Y todo ello con efectos retroactivos; esto es, aplicándose a los casos en los que ahora están siendo investigadas personas cercanas al gobierno (la mujer del presidente del gobierno o su hermano) o autoridades designadas por éste (el fiscal general del Estado, acusado de, por motivaciones políticas, haber revelado información personal de un ciudadano). Una interpretación estricta de la ley que pretenden aprobar hubiera hecho imposible que Impulso Ciudadano hubiera sido acusación popular en el asunto Torra que conllevó la inhabilitación del expresidente de la Generalitat.
En realidad, esta proposición de ley es un instrumento para garantizar la impunidad de los que ahora están rindiendo cuentas ante la justicia, una muestra más de la legislación con nombres y apellidos que ha caracterizado a la política de Sánchez desde 2018. Primero fue la reforma del Código Penal para favorecer a los implicados en el intento de derogar la Constitución en Cataluña en 2017, luego la amnistía, también para beneficiar a los aliados políticos de los socialistas y ahora una ley que de manera expresa pretende dar cobertura a las acciones delictivas que pudieran haber cometido personas cercanas al presidente del gobierno.
Esto supone una vulneración directa de uno de los principios básicos del Estado de Derecho.
La proposición de ley culmina, además, una estrategia sostenida del partido socialista orientada a deslegitimar a los jueces, una estrategia que ya ha sido denunciada por la Comisión Europea en el último informe sobre el Estado de Derecho en España. Pretender que se están practicando actuaciones judiciales abusivas es contrario a exigencias básicas de la independencia judicial; y, al debilitar ésta, no solo se mina la separación de poderes, sino que también se pone en riesgo la capacidad del sistema judicial para actuar como un contrapeso frente a posibles abusos del poder ejecutivo y legislativo. Esto supone una vulneración directa de uno de los principios básicos del Estado de Derecho.
La impunidad que se busca al limitar el ejercicio de la acusación popular y ampliar los motivos de abstención y recusación de los jueces es fruto de una estrategia deliberada que tiene como fin evitar rendir cuentas y continuar con una política que se ha caracterizado por la utilización partidista de las instituciones. La intimidación a los jueces es uno de los elementos clave en esta estrategia. Otro es el intento de orientar el relato. La proposición de ley pretende que quienes han de rendir cuentas a la justicia pasen por ser víctimas de conspiraciones políticas. Este enfoque busca deslegitimar a las instituciones judiciales, sembrando dudas sobre su imparcialidad. El único de los poderes del Estado que aún no está controlado por la alianza entre socialistas y nacionalistas debe verse maniatado y cuestionado para que estos puedan seguir desarrollando la política que en estos últimos seis años tanto ha degradado la democracia en España. En esta línea, la proposición de ley orgánica que ha presentado el grupo socialista no solo busca debilitar la confianza pública en la justicia, sino que también refuerza la narrativa de que los jueces actúan por motivaciones políticas, cuando su función principal debe ser la de garantizar la aplicación imparcial de la ley.
Cuando los ciudadanos aceptan la corrupción como algo inevitable, contribuyen a que esta se normalice.
No es nada nuevo, los liderazgos populistas suelen utilizar estas estrategias para socavar la confianza en las instituciones democráticas. Al acusar al sistema de persecución, refuerzan la idea de que los procesos judiciales son instrumentos de represalia y no de justicia. Esto genera un círculo vicioso en el que la desconfianza y la corrupción se alimentan mutuamente.
La sociedad también juega un papel importante en la perpetuación de la impunidad. La indiferencia y el cinismo colectivo fortalecen un sistema que parece inmutable. Cuando los ciudadanos aceptan la corrupción como algo inevitable, contribuyen a que esta se normalice. Por otro lado, los medios de comunicación, aunque esenciales para denunciar abusos, en algunos casos (y algunos medios) son cómplices en la desinformación o en la protección de quienes evitan rendir cuentas.
La participación ciudadana es clave para exigir transparencia y fortalecer las instituciones.
Vivimos momentos difíciles en España, pero hemos de pensar que la esperanza reside en el compromiso activo de la sociedad. La participación ciudadana es clave para exigir transparencia y fortalecer las instituciones. Proteger a quienes denuncian y luchan contra la corrupción debe ser una prioridad. Asimismo, es esencial educar en valores democráticos y promover la actuación independiente de las instituciones.
Con frecuencia pensamos que como ciudadanos de a pie no debería exigírsenos una participación en la defensa de los valores democráticos; pero la democracia es siempre débil, aunque aparente otra cosa; así que, en cualquier circunstancia es precisa una sociedad civil fuerte. En momentos como los que vivimos en la actualidad en España esa necesidad es aún más imperiosa. Todos los que formamos Impulso Ciudadano estamos comprometidos en esta tarea y seguiremos en ella. No hay alternativa. Es preciso el esfuerzo de todos
