Durante los meses de septiembre y octubre de 2017 las autoridades independentistas en connivencia con asociaciones del mismo cariz ideológico intentaron imponer su proyecto secesionista al conjunto de los catalanes y al resto de los españoles.
- Lo hicieron de una manera tramposa, sin amparo de la ley y empleando mecanismos que no rechazaban el uso de la violencia, aunque fuera de baja intensidad.
La imposición de una República catalana fue vivida por algunos con alegría y por otros conciudadanos con una enorme angustia.
- De un día para otro se pretendía dejar sin vigencia la Constitución y el Estatuto de Autonomía, romper los vínculos comerciales con el resto de España, establecer un sistema propio de pensiones e implantar un régimen autoritario sin separación de poderes en el que los actos del nuevo directorio no podían ser sometidos al control judicial y, por si fuera poco, se ponían las bases para la depuración de los Jueces que se consideraran no afectos al nuevo Régimen.
Es evidente que los dirigentes independentistas nunca confiaron en la razón del Derecho y emplearon toda su astucia en la fuerza de los hechos consumados.
- Su apuesta era arriesgada.
- Si los partidarios de la independencia triunfaban e implantaban 'su República', varios millones de personas tendrían que abandonar Cataluña o someterse a vivir en un Estado de nuevo cuño que no querían; si no lo lograban, los impulsores del denominado 'procés' serían enjuiciados por hechos muy graves.
- La aplicación del artículo 155 de la Constitución y la falta de una mayoría social suficiente para hacer efectiva la República puso de manifiesto que su revuelta fracasó.
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