Lo que esconde la cesión de competencias a la Generalitat en materia de inmigración.
La cesión de competencias en emigración es un grave riesgo para todos los inmigrantes y especialmente para los hispanoamericanos residentes en Cataluña. La proposición de ley esconde un proyecto xenófobo del nacionalismo catalán.
El pasado 4 de marzo se presentó en el Congreso español una proposición de ley por la que se cede al gobierno catalán la totalidad de las competencias de inmigración del Estado, pese a que constitucionalmente es una competencia exclusiva de este. Se va a hacer posible algo absolutamente anticonstitucional, y que también lo era hasta ayer para el PSOE, al ceder el gobierno de Sánchez al chantaje de Puigdemont.
Las motivaciones
La exposición de motivos de la ley ya deja claro que son razones de carácter identitario y de freno a los flujos migratorios lo que justifica la proposición de ley . No deja duda de ello las referencias en el texto al impacto que supone la inmigración para el catalán y la necesidad de una política de inmigración que incluya deberes de respeto a los conocimientos lingüísticos. Lo mismo pasa con sus menciones al crecimiento extraordinario de la inmigración en Cataluña por encima de otras comunidades.
Eliminar todo aquello que tenemos en común con el resto de los españoles.
Hay dos motivos mas no presentes en la proposición de ley, pero igual de reales. El primero, la necesidad de Sánchez de seguir gobernando gracias a los votos de JXC aun a costa de desdecirse una y otra vez de lo que decía antes de las elecciones (él lo camufla con el genérico ‘cambiar de opinión’). El segundo, cacareado por los voceros del nacionalismo, es la desaparición de las estructuras de Estado en Cataluña y la acumulación de parcelas de soberanía por la Generalitat. En definitiva, su pretensión de eliminar todo aquello que tenemos en común con el resto de los españoles.
El articulado
El articulado indica que los permisos de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración pasaran a ser instruidos por el gobierno autonómico; también la renovación de los mismos. En la medida en que estos procedimientos se limitasen a aplicar la actual normativa estatal estos cambios no tendrían trascendencia para el migrante más allá del caos administrativo y de los retrasos que se van a producir.
Cumplir el requisito lingüístico de conocimiento del catalán.
Sin embargo, la ley va más allá. En el art 12.5. señala que las facultades delegadas a Cataluña se ejercerán en los términos del Capítulo III del Título I Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fija los derechos y deberes lingüísticos. Y en ese mismo artículo, apartado 7, delega en la comunidad autónoma la facultad de desarrollar las normas estatales de regulación; es decir tendrá potestad para desarrollar una normativa propia en este campo. ¿Qué objetivos tiene este desarrollo normativo? Pues, entre otros, pero muy especialmente, el de cumplir el requisito lingüístico de conocimiento del catalán, tal como han afirmado reiteradamente Miriam Nogueras o Carles Puigdemont.
Las consecuencias
Mas pronto que tarde, las concesiones y renovaciones de los permisos de residencia estarán sujetos a justificar un determinado nivel de catalán. Con ello se creará una frontera lingüística hasta ahora inexistente, ya que actualmente la concesión de estos permisos no está condicionada a ningún requisito lingüístico, ni del catalán, ni del español. El conocimiento de español solo se requiere para adquirir la nacionalidad española,
La gran ventaja tanto para los inmigrantes hispanoamericanos como para España, y por ende para los catalanes, era que la lengua común y una cultura también ampliamente compartida facilitaban la incorporación a la sociedad receptora, las condiciones adecuadas para la consecución de trabajo, y el libre movimiento por todo el territorio español. No había requisitos añadidos, y los movimientos dentro de España no representaban ningún problema.
Imponer una dificultad añadida tendente a revertir el flujo migratorio.
La pretensión nacionalista de levantar fronteras lingüísticas aprovechando la nueva ley solo pretende reducir la presencia de inmigración, especialmente la hispanohablante, e imponer una dificultad añadida tendente a revertir el flujo migratorio. Todos saldremos perjudicados, los catalanes porque no conseguiremos incorporar los profesionales o trabajadores que nuestra economía necesita, y los inmigrantes porque verán dificultada su incorporación laboral en Cataluña.
Sin duda, quienes hoy llegan a Cataluña deben ser considerados catalanes desde el momento que -como decía Jordi Pujol- viven y trabajan en Cataluña, y quieren serlo (es decir, quieren integrarse). Para esto no se necesitan requisitos lingüísticos, como no los necesitaron los millones de personas del resto de España que vinieron a trabajar, ayudaron al desarrollo de Cataluña, y se sienten tan catalanes como el que más. Hoy muchos de ellos hablan catalán, y sus hijos y nietos lo saben y utilizan en una evolución que no necesita ser forzada.
Debemos oponernos con todas nuestras fuerzas y salir a la calle a rechazar una ley reaccionaria y discriminatoria que no es constitucional, debilita la soberanía nacional y nos perjudica a todos.