Bilingüismo en Cataluña: Un fenómeno complejo, multidimensional y geopolítico

El bilingüismo en Cataluña es mucho más que la simple coexistencia de dos lenguas; es un reflejo de un proceso histórico y una realidad social con profundas implicaciones políticas y geopolíticas que siguen evolucionando. Este fenómeno, enraizado en siglos de historia, nos desafía a comprender su complejidad y las tensiones que surgen en la intersección de la lengua, la identidad, la política y el poder.

Perspectiva histórica

Desde el siglo XVI, el castellano comenzó a ganar presencia en Cataluña, impulsado por diversos factores socioeconómicos que extendieron su uso más allá de las fronteras de Castilla. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando la lengua castellana se asoció fuertemente con conceptos de nación, soberanía e identidad cultural, una asociación que perdura hasta nuestros días. Esta evolución histórica ha colocado a la lengua en el centro de las dinámicas de poder, donde se configura no solo como un instrumento de comunicación, sino también como un poderoso instrumento de control social y, por lo tanto, de poder.

Realidad social actual

En la actualidad, aproximadamente el 70% de la población catalana tiene el castellano como lengua materna, aunque la convivencia con el catalán es palpable en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esta biculturalidad lingüística es una característica distintiva de la región que presenta retos únicos. Sin embargo, esta realidad lingüística es también un campo de batalla geopolítica, donde diferentes actores luchan por el control simbólico y real que la lengua otorga en términos de poder y dominación social y territorial

Marco institucional

A nivel institucional, mientras el castellano es la única lengua cuyo conocimiento es obligatorio en toda España, en Cataluña, la administración, dominada por el catalanismo desde la transición política, ha generado una tensión en torno al reconocimiento estatutario de la lengua catalana como "propia" de Cataluña. Aunque se aparenta cumplir con la obligación de proporcionar documentos oficiales y servicios en ambas lenguas, se ha impuesto el requisito de bilingüismo en el acceso a la función pública, lo que ha generado una situación percibida como discriminación positiva en respuesta a períodos históricos en los que la enseñanza del catalán no era oficial. Este contexto ha suscitado debates sobre discriminación y equidad, subrayando la complejidad de implementar políticas que satisfagan a todos los sectores de la población.

Es de justicia denunciar que, como en el caso de la bandera española que siempre está en la lavandería; respecto al cumplimiento del servicio bilingüe con la documentación, impresos y publicaciones suele darse la circunstancia de que siempre se acaban de agotar y la nueva impresión todavía no ha llegado de la imprenta.

Además, en una perspectiva de futuro es crucial reconocer que, aunque hoy más que nunca la adquisición de conocimiento constituye y constituirá una actividad humana permanente, es en la fase de formación intensiva y estratégica dentro del sistema educativo donde este proceso cobra su mayor relevancia. Desarrollar esta actividad en la lengua oficial y materna del alumno es un derecho fundamental inalienable. Negar este derecho no solo afecta el rendimiento académico y la autoestima del estudiante, sino que también representa un intento de control social a través de la imposición lingüística, comprometiendo el desarrollo integral de los individuos y perpetuando desigualdades en el acceso al conocimiento.

En este contexto, la reciente decisión del presidente Salvador Illa de elevar el rango de la política lingüística a Consejería y aumentar el presupuesto destinado al impulso del catalán a 200 millones de euros anuales, sin contar los importes consignados en el capítulo 1 de gastos de personal de la administración autonómica, supone una escalada descarada contra los catalanes que no tienen el catalán como lengua materna, propia ni de uso social. Este movimiento se percibe como una acción de exclusión y alienación para una parte significativa de la población, que ve en esta política una forma de control y dominación que afecta su libre participación en la vida pública catalana. ¿Hasta cuándo esta situación de exclusión y extrañamiento?

Dimensión política y conflicto geopolítico

La dimensión política del bilingüismo en Cataluña es quizás la más cargada de tensiones. La lengua se ha convertido en un elemento crucial de identidad y un posicionamiento político que divide opiniones. Las políticas lingüísticas que promueven el catalán, bajo la premisa de crear igualdad de oportunidades para los hablantes de ambas lenguas, alimentan, sin embargo, un debate geopolítico que trasciende lo cultural y toca las fibras más sensibles de la autonomía y la soberanía regional. En este escenario, la lengua se convierte en un instrumento de control social, que, manejado por el poder político, puede perpetuar estructuras de poder y exclusión que afectan directamente a la cohesión social y la unidad nacional española.

En Cataluña, conviven tres lenguas con derechos históricos anteriores a la emergencia de las realidades nacionales: el catalán, el aranés y el castellano. Su distribución geográfica es irregular, influenciada por procesos históricos y económicos complejos. La lengua mayoritaria, el castellano, ha asumido una contención voluntaria en respeto a las otras lenguas. Sin embargo, la voluntad soberanista del catalanismo ha situado a la lengua en una posición comprometida, utilizando el poder lingüístico como un medio para reforzar su posición política y económica en la región y de amenaza al Estado.

No es fácil discernir lo que es legítimo como aspiración sociopolítica de lo que son actos de deslealtad o ruptura de pactos, especialmente cuando estas acciones implican agresiones con actitudes beligerantes. Estos desequilibrios geopolíticos son potencialmente letales para la supervivencia del Estado, que hasta ahora se ha identificado como una única nación unitaria, reconociendo en su seno la diversidad lingüística a través de una división administrativa en regiones y nacionalidades.

La realidad lingüística y el futuro

La realidad lingüística de Cataluña refleja su historia, cultura y política. Las lenguas no son meros instrumentos de comunicación; son entidades vivas que reflejan las aspiraciones, los miedos y los sueños de una sociedad. En Cataluña, el bilingüismo no es solo una política o una práctica social; es una ventana a la complejidad de la convivencia humana, que requiere una atención y comprensión continuas.

Es el momento de reivindicar un concepto abierto de catalanidad, permeable a la pluralidad lingüística, y de cesar las políticas de discriminación positiva. La evolución de los mapas lingüísticos debe estar guiada por la realidad demográfica, y las administraciones deben adaptarse a esta dinámica. Hoy en día, los avances tecnológicos eliminan cualquier excusa para que la administración pública no pueda atender a sus ciudadanos en la lengua oficial de su elección. Finalmente, debe reivindicarse el derecho de todos los ciudadanos españoles a expresarse en Cataluña en la lengua oficial de su preferencia y elección, tanto en la vida pública como en el ámbito educativo, donde se debe garantizar que cada alumno reciba formación en su lengua materna. Bilingüismo social, sí; bilingüismo personal obligatorio, no.

Tema aparte para otro artículo es el que conecta con la defensa de los derechos culturales fundamentales.

Conclusión:

El bilingüismo en Cataluña es un fenómeno multifacético que no solo abarca la coexistencia de lenguas, sino que también refleja tensiones políticas, económicas, sociales, históricas y culturales. Sin embargo, las nuevas tecnologías ofrecen una ventana de oportunidad para poner fin a las coartadas infundadas que han limitado la libre expresión y la participación sesgada lingüísticamente en la vida pública y educativa catalana. En un mundo cada vez más globalizado y digital, la tecnología puede facilitar un bilingüismo social más inclusivo, permitiendo que todos los ciudadanos ejerzan su derecho a participar plenamente en la sociedad, independientemente de la lengua que elijan hablar, y garantizando que la educación se desarrolle en la lengua oficial y materna del alumno, como un derecho fundamental inalienable.