En el año 2010, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su recomendación sobre independencia, eficiencia y responsabilidades de los jueces, estableció que al menos la mitad de los miembros de los consejos de la judicatura (councils for the judiciary) debían ser elegidos por los propios jueces, respetando el pluralismo dentro de la judicatura. El Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) y la Unión Europea han asumido también esta posición.
En España, sin embargo, como es sabido, todos los vocales del CGPJ son designados por las Cortes. Diez por el Congreso y diez por el Senado.
Cuando se estableció ese sistema de designación de los vocales del CGPJ, en el año 1985, el Tribunal Constitucional indicó que el sistema en sí mismo no era inconstitucional; pero siempre que no se convirtiera en la proyección sobre el CGPJ del equilibrio de fuerzas en las Cortes mediante la distribución «de los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos» (sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 de 29 de julio, fundamento jurídico número 13). Para que fuera constitucionalmente legítima la elección de los vocales, debía responder a la búsqueda efectiva de personas de consenso; no pudiendo ser tal elección fruto de un acuerdo en el que «yo voto a los tuyos a cambio de que tú votes a los míos».
Es decir, desde el punto de vista de Europa (Consejo de Europa y Unión Europea), un CGPJ en el que al menos la mitad de los miembros no sea elegida por los propios jueces vulneraría las exigencias de la independencia judicial; y desde el punto de vista constitucional, una elección de los vocales del CGPJ que respondiera a un reparto de sillas entre los partidos carecería de legitimidad.
Lo anterior no es opinión, son hechos.
También es un hecho que el PP y el Gobierno de España han llegado a un acuerdo para el reparto de las vocalías del CGPJ, designando cada una de las partes diez de los vocales de dicho Consejo; y también es un hecho que ese acuerdo ha contado con el beneplácito de la Comisión Europea, quien ha hecho de mediadora entre ambos interlocutores.
Todo en lo anterior es anómalo.
En primer lugar, la Comisión Europea ampara una elección de vocales del CGPJ que, según la propia Comisión y el Consejo de Europa, no respeta las exigencias de la independencia judicial.
El sistema de designación de los vocales del CGPJ por el parlamento no se adecua a las exigencias del Estado de derecho
En segundo término, el acuerdo no se hace en el marco que es constitucionalmente exigible: el Congreso y el Senado; sino que es fruto de un pacto entre un partido político (el PP) y un ministro del Gobierno, que actúa en nombre de un partido político (el PSOE); pero sin que esta formalidad pueda hacernos olvidar que es el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Un partido político y otro partido político o, por ajustarnos más a la realidad, entre el Gobierno de España y un partido político. Se podrá decir que si el PSOE y el PP están de acuerdo su pacto saldrá adelante; pero esto obvia que la legitimidad de las decisiones en democracia se deriva del respeto a los procedimientos y de la participación en el proceso de todos los legitimados. En la escenificación de hoy entre el PP, el Gobierno y la Comisión Europea estaban ausentes quienes constitucionalmente han de impulsar la renovación del CGPJ (la presidenta del Congreso y el presidente del Senado) y, por supuesto, todos los grupos representados en las dos Cámaras y que, por minoritarios que sean, deberían tener voz y participación en el proceso de renovación del Consejo.
Y lo anterior, obviando lo que antes comentaba: el sistema de designación de los vocales del CGPJ por el parlamento no se adecua a las exigencias del Estado de derecho. No porque lo diga yo, sino porque así lo ha establecido el Consejo de Europa hace más de diez años y porque así lo exige la Comisión Europea; una Comisión Europea que, sin embargo, hoy se ha convertido en garante de un pacto que, como digo, no se ajusta ni al espíritu de la Constitución ni a la letra de las recomendaciones del Consejo de Europa.
Los que lo han firmado dicen -¿qué van a decir?-, que «hoy es un buen día para la independencia judicial, para el Estado de derecho y para la democracia»; pero en realidad hoy es un día en el que la Comisión Europea ha actuado en contra de lo que venía diciendo y exigiendo a otros países (Polonia, por ejemplo); en el que un partido político y el gobierno de España han hecho expreso que son ellos los que deciden quiénes gobiernan a los jueces; en el que se ha ninguneado a las instituciones que constitucionalmente tienen la obligación de renovar el CGPJ y en el que se ha prescindido de la opinión de quienes estaban legitimados constitucionalmente para participar en el proceso de renovación, los grupos políticos representados en el Congreso y en el Senado.
Un día en el que se ha decidido que ya no hace falta ni respetar las formas.
Y sí, se podrá decir que el acuerdo incluye la reforma del sistema de designación de los vocales que no sabremos si llegará a concretarse; pero es que aunque se haga realidad dicha reforma, eso no cambia que este Consejo, que estará gobernando el Poder Judicial durante cinco años, no respeta la independencia judicial. Es como si el PP, el PSOE y la Comisión Europea nos dijeran: «No pasa nada porque en España, durante los próximos cinco años, no exista una plena independencia judicial».
Cada pacto entre Sánchez y el PP es una nueva grieta en nuestro edificio institucional.
Y la Comisión, bendiciendo el mazo de demolición
Rafael Arenas García está vinculado a la asociación Impulso Ciudadano.
