Cuestionamos el informe sobre el Estado de derecho.
Opinión obtenida de las redes sociales de Rafael Arenas (11/Feb./2025). Leerlo en el sitio web original.
Como cada año, Impulso Ciudadano remite a la Comisión Europea su contribución para el informe sobre el Estado de derecho. Este año la novedad es que quien aparece cuestionada en la contribución... es la propia Comisión Europea.
Y la cuestionamos por tres razones:
1- Impulso Ciudadano ha venido informando del incumplimiento de sentencias por parte de la Generalitat, de su campaña de deslegitimación a los jueces y de la limitación de derechos que se sufren en Cataluña. La Comisión nunca ha incluido estas cuestiones en su informe.
En marzo de 2024, el Parlamento Europeo reconoció la existencia de déficits en el Estado de derecho y vulneración de derechos en Cataluña. Además, el Parlamento instaba a la Comisión a seguir la situación en Cataluña.
El informe del Parlamento prueba que la Comisión ha utilizado de manera sesgada el informe sobre el Estado de derecho mirando para otro lado cuando las vulneraciones de derechos estaban protagonizadas por los nacionalistas. Esto es lo que denunciamos.
2- En su informe de 2024, la Comisión Europea denunciaba los ataques a los jueces desde el poder ejecutivo. Una de las personas que participaron en esa campaña de acoso es Teresa Ribera. Ahora, vicepresidenta de la Comisión.
El haber protagonizado actuaciones que suponen vulnerar las exigencias del Estado de derecho recibe como premio el cargo de vicepresidenta de la institución que ha de velar por el cumplimiento del Estado de derecho en los Estados miembros.
Flaco favor se hace a la Comisión, pero, sobre todo, al Estado de derecho con este nombramiento.
3- La Comisión Europea fue partícipe del acuerdo de junio de 2024 entre el PP y el PSOE para el reparto de cargos en el CGPJ.
Ese pacto se hacía al margen de las instituciones que constitucionalmente tienen la responsabilidad para renovar el Consejo (Congreso y Senado), visibilizando el mencionado reparto de cuotas que, en su momento, rechazó expresamente el Tribunal Constitucional y dejando al margen a los grupos minoritarios que no por serlo pueden ser excluidos del proceso de designación de los vocales.
El pacto de junio visibilizó la composición política del CGPJ. Y la Comisión Europea, en vez de denunciarlo... ¡se hizo la foto con quienes pactaban! De nuevo, flaco favor al Estado de derecho.
El informe sobre el Estado de derecho no puede convertirse en una herramienta política que sirve para azuzar a unos o mirar para otro lado en el caso de otros. Si así sucede, carece de legitimidad.
La iniciativa es buena; pero hay que ser muy rigurosos en su utilización. Creemos que es nuestra obligación decirlo y denunciar los fallos que detectamos en el informe, porque asentir de manera cómplice en nada beneficiará a la Unión Europea a medio o largo plazo.