El sistema de inmersión lingüística obligatoria en Cataluña vulnera los derechos de los niños y de sus familias y no es concorde con principios europeos.
No lo digo yo. Lo dice la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, quien emitió un durísimo informe contra la inmersión hace unos meses tras la visita que se desarrolló en el mes de diciembre de 2023; una visita en la que la misión del Parlamento Europeo se entrevistó tanto con personas y organizaciones contrarias a la inmersión como con personas y organizaciones favorables a la inmersión.
Digo lo anterior para marcar las diferencias, por ejemplo, con el Comité de Expertos de la Carta Europea sobre las Lenguas Regionales y Minoritarias, que emiten informes sobre los derechos lingüísticos de las personas sin escuchar más que a los que defienden la imposición de las lenguas minoritarias y no a quienes sostienen lo mismo que defiende el Parlamento Europeo: que no es legítimo excluir como lengua de enseñanza a una oficial que, además, es la mayoritaria entre los alumnos.
En el caso de la misión del Parlamento Europeo tuvo entrevistas con:
- La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña
- Familias que habían pedido la educación bilingüe para sus hijos.
- USTEC-STEs, un sindicato que defiende la inmersión lingüística.
- Miembros del TSJC.
- La dirección de un centro de educación especial (entrevista en la que estuvo también presente el director de los servicios territoriales de educación del Baix Llobregat).
- La dirección de un instituto (en la que también intervino el director territorial de educación, así como la teniente de alcalde del ayuntamiento en el que se ubica el centro).
- La fundación Bofill (que defiende la inmersión lingüística).
- Docentes Libres (grupo de docentes que se opone a las políticas nacionalistas en los centros educativos).
- La Consejera de Educación de la Generalitat.
- La Alta Inspección de Educación.
- La Síndica de Greuges.
Como puede verse, se entrevistaron con unos y con otros, llegaron a sus propias conclusiones y pidieron que la Generalitat y el Gobierno de España adoptaran una serie de medidas, tanto para la utilización del español en las comunicaciones con las familias y en la enseñanza; como para la protección de las familias que solicitaban una enseñanza bilingüe.
El informe fue redactado por los miembros de la misión que visitó España, y en el que ninguno de los integrantes era español. La jefa de la misión era una diputada estonia y el resto de los integrantes eran diputados alemanes, polacos e italianos.
Ahora el nuevo presidente de la Comisión de Peticiones, un diputado polaco, se dirige a la Consejera de Educación y al Presidente de la Generalitat para qué expliquen qué han hecho con las recomendaciones de la Comisión de Peticiones.
Obviamente, el gobierno del PSC no ha hecho nada para convertir en realidad las recomendaciones de la Comisión de Peticiones. No espero que haga nada; pero sería bueno que los que jalean a Illa como un "mal menor" asuman que el PSC es un fiel continuador de las políticas nacionalistas y que durante el mandato de Illa se siguen conculcando los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes.
Otra cosa es que lo anterior le importe entre poco y nada a "Madrid", un ente que nada tiene que ver con los conciudadanos de la capital de España, sino con ese grupo heterogéneo de políticos, empresarios y opinadores que piensan que mandan algo en este país cuando, en realidad, lo único que hacen es ser comparsas de los nacionalistas catalanes (socialistas incluidos) y vascos, que nos van llevando a todos por donde ellos quieren.
Publicado en el digital El Mundo por Víctor Mondelo, 8 de noviembre de 2024.
Europa urge a Illa a acabar con la "discriminación de los castellanohablantes" en los colegios catalanes
- Exige al presidente de la Generaltat aclarar qué hace para "poner fin a la violación de sus derechos" y "cómo se hace cumplir el 25% de español"
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Europa pide a la Generalitat poner fin a la discriminación lingüística de los alumnos catalanes.
— Rafael Arenas García (@Rafaelarenasgar) November 10, 2024
Illa no hará nada; pero, ¿conseguiremos que en el resto de España este problema se vea como lo que es, una intolerable vulneración de derechos?https://t.co/JiwqbCci4E pic.twitter.com/yq7mpPCqCg