Los nacionalistas no están interesados en el debate racional.

Hace unos años, Impulso Ciudadano denunciaba que lo que se denominaba "Pacte Nacional per la Lengua" en realidad era un "Pacto Nacionalista por la Lengua"; puesto que se excluía del mismo a quienes no compartían los planteamientos nacionalistas.

Pese a lo anterior, elaboramos un documento que, me parece, aporta datos, perspectivas y elementos que deberían ser considerados si se quisiera abordar un auténtico diálogo dentro de la sociedad sobre la situación de las lenguas, los derechos lingüísticos y la regulación de un elemento clave para la convivencia como es la lengua. El documento puede consultarse en este enlace.

Pero los nacionalistas no están interesados en el debate racional y en el intercambio de ideas. Su planteamiento es la descalificación y el silenciamiento de quienes no comparten sus puntos de vista. Una actuación totalitaria. Si se me permite la frivolidad, de primero de totalitarismo; puesto que ya se sabe que lo más importante para controlar la sociedad no es ganar los debates, sino evitar que estos se produzcan.

Es por esto que resulta coherente con ese totalitarismo que se haya rechazado la comparecencia en la Comisión de Política Lingüística de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) y de Impulso Ciudadano; pese a su trabajo en relación a los temas de los que se ocupa la Comisión de Política Lingüística. El documento elaborado en su momento por Impulso Ciudadano y que compartía en el enlace de más arriba muestra el interés de la asociación por este tema, en relación al cual ha organizado también jornadas y seminarios; el último de ellos en el Senado.

En lo que se refiere a la AEB, se trata de una asociación que ha ganado decenas de casos ante los tribunales en relación a los derechos lingüísticos de los catalanes; que ha sido escuchada en el Parlamento Europeo y que en la actualidad está personada ante el Tribunal Constitucional en el caso relativo al Decreto Ley 5/2022 y la Ley 8/2022; los textos que se elaboraron para impedir la ejecución de la sentencia conocida como "del 25%".

Pero no puede ser oída en la Comisión de Política Lingüística del Parlamento de Cataluña; un Parlamento que los socialnacionalistas ven como la institución del catalanacionalismo y donde, por tanto, las opiniones de aquellos catalanes que no comparten la ideología oficial están de más.

No cejaremos. Ya no se trata solo de los derechos lingüísticos. Cuando en una comunidad política las instituciones que deberían de ser de todos pretenden excluir a los discrepantes el tema ya no es lingüístico; es un tema democrático y, por tanto, estamos ante una lucha en la que no puede haber equidistantes o indiferentes. El que pueda hacer algo, que lo haga. Es, como digo, una exigencia democrática.