Ciertamente, esta Constitución debe ponerse al día, que no es lo mismo que ser liquidada o sustituida por otra.
La Constitución española de 1978 cumple 41 años. En un contexto difícil, quizás el más difícil de su existencia.
- Nació frutó del consenso, del acuerdo y de la reconciliación nacional, habiendo obtenido una amplia aprobación política y social. Incluso creímos que se había dado una respuesta adecuada a las reivindicaciones históricas de los nacionalismos periféricos.
Pero, hoy en día, aquello que constituyó un hito, incluso entre las democracias europeas, porque no resultó ser fruto ni de una victoria militar, como sucedió con la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, ni de una respuesta a los problemas externos creados por los autoritarismos en Grecia y Portugal, está siendo contestada desde nacionalismos y populismos de distinto signo, dedicados a liquidar “el régimen del 78”.
- Olvidan, los liquidadores, que España tiene una Constitución que ha sido también un modelo en la transición a la democracia de numerosos países de Europa del Este, hoy muchos de ellos también miembros de la Unión Europea y que también ha tenido su influencia en diversas transiciones en América Latina, cuando en estos países el “constitucionalismo bolivariano” o los populismos extremistas no hacían su agosto.
Pese a todo, España ha avanzado en los índices de democracia analizados por rigurosos equipos e instituciones.
- The Economist la ha situado dentro de las 20 democracias plenas.
- El International IDEA la sitúa en el puesto 13, en claro avance positivo.
- El Grupo GRECO la ha excluido de la “lista negra” de los países en observación por incumplimiento de medidas contra la corrupción en la política.
- Y a pesar de ello, desde el secesionismo y desde cierto populismo izquierdista, se insiste en que continúan en ella los “tics franquistas” cuando la mayor parte de quienes ello afirman ni vivían durante el franquismo y, en los más de los casos, no se les recuerda en la oposición a tal régimen.
Afirman, también, esos desconocedores de la realidad, que los derechos humanos están siendo institucionalmente vulnerados por las autoridades españolas.
- No tienen en cuenta, que España es uno de los países menos condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, última garantía de los derechos en Europa.
- Tampoco respetan las aportaciones que España ha realizado a la construcción europea, desde diversos ámbitos.
- Ni reconocen, por supuesto, los avances económicos y sociales que, desde los Pactos de la Moncloa, nos han situado, a lo largo de los años, precisamente por el acuerdo o consenso que generaron entre los agentes sociales, dentro de los países “apetecibles” para invertir y, sobre todo, para vivir, como afirma el índice de la compañía Y&R, BAV Consulting, en colaboración con la Wharton School de la University of Pennsylvania, que sitúa a España en el puesto 18 sobre 80.
Esa “centralidad” que le permitió también incorporarse a las organizaciones internacionales y europeas.
Ciertamente, esta Constitución debe ponerse al día, que no es lo mismo que ser liquidada o sustituida por otra.
- Las Constituciones son normas con voluntad de permanencia, que no deben, al mismo tiempo, petrificar lo que convendría ser cambiado.
- Ella misma prevé que pueda ser reformada, con distintos procedimientos según la parte que se desee reformar. Pero siempre mediante amplias mayorías, buscando, con ello, la “centralidad” que presidió su adopción.
- Esa “centralidad” que le permitió también incorporarse a las organizaciones internacionales y europeas.
- Esa “centralidad” que es negada por la deslealtad constitucional de quienes quieren imponer, sin tener de su lado ni la legalidad ni la legitimidad, la ruptura del sistema democrático del que nos dotamos y al que la gran mayoría no quiere renunciar.
Afirmo que la gran mayoría no quiere renunciar a la democracia constitucional que está vigente, porque así se aprecia en los repetidos resultados electorales.
- Una gran mayoría representa esa centralidad y ello debería ser así entendido por las fuerzas políticas que son protagonistas, por efecto de la democracia representativa, de los avatares de la actual vida política.
- Hemos tenido que realizar elecciones demasiado frecuentes porque los grandes partidos no han sabido, o no han querido, consolidar unos acuerdos básicos alrededor de lo que nos une.
- Cada vez que no han tenido mayorías absolutas para la investidura, los presupuestos o las grandes leyes, no han querido, o no han podido, explorar opciones compartidas que permitieran dotar de estabilidad al sistema y han “comprado” (a base de acuerdos muchas veces lesivos para el interés general) los votos necesarios a nacionalismos periféricos de todo tipo que, lógicamente, se los han cobrado con creces, rechazando la cooperación y exigiendo reivindicaciones insolidarias.
No se dan cuenta, estos partidos, del gran valor que la Constitución supuso para poner en marcha la democracia a partir del consenso.
- No se dan cuenta de que la miopía política y el cortoplacismo, dividen a la sociedad y permiten que la igualdad de derechos, el respeto a la libertad, la eficacia de los servicios y, en suma, la garantía de la dignidad de todas las personas, quede puesta en entredicho desde opciones políticas que, sin tener mayoría social, como sucede en Cataluña, configuran una mayoría política gracias a un modelo electoral periclitado que prima desproporcionadamente unos territorios sobre otros.
- No se niega que se pueda otorgar una cierta ventaja que evite discriminaciones, pero sí que tal ventaja pueda llegar a originarlas precisamente por no respetar la proporcionalidad, rebajando la calidad del voto, tal como sentenció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en casos semejantes.
No se entiende, tampoco, cómo y por qué, esas fuerzas políticas que también tienen su representación en el Parlamento Europeo, consiguen ahí acuerdos estables entre ellas y sus homólogas del resto de los Estados miembros de la UE y, en cambio, se niegan a ello en el Congreso de los Diputados y el resto de instituciones españolas.
- La UE considera a nacionalismos y populismos como la mayor amenaza a la que tiene que enfrentarse esta Europa democrática que estamos construyendo desde que, en 1949, en el Congreso de La Haya se decidió que el frontispicio europeo estaría constituido por el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
