La reforma de la ley que regula la organización y funcionamiento de la radiotelevisión pública nacional ha superado mis ya muy altas expectativas sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno de España en su afán por controlar instituciones clave de nuestra democracia.
Temía, y así lo escribí, que PSOE y Sumar, como efectivamente ha sucedido, fueran capaces de reducir, vía decreto ley, la mayoría necesaria (de dos tercios a absoluta) para poder realizar los seis nombramientos pendientes del consejo de administración de RTVE (presidente y cinco consejeros) sin contar con el principal partido de la oposición.
Lo que no me esperaba es la ocurrencia, que también recoge el Real Decreto Ley 5/2024, de incrementar de 6 a 11 el número de consejeros propuestos por el Congreso, manteniendo los 4 que corresponde designar al Senado (donde el PP cuenta con mayoría absoluta).
No me lo esperaba, entre otras cosas, porque, cuando los parlamentarios socialistas recurrieron ante el Tribunal Constitucional (TC) el real decreto ley impulsado por el Gobierno de Rajoy en 2012 (incluida la misma reducción de mayorías que ahora se propone), la sentencia les dio la razón en un único punto: no estaba justificada la "extraordinaria y urgente necesidad" de modificar el número de consejeros de RTVE, que entonces pasaba de 12 a 9.
Al ser el real decreto ley una medida que supone una clara invasión del Poder Legislativo por el Ejecutivo (por más que se tenga que convalidar en el Congreso en el plazo de un mes), nuestra Carta Magna exige que se argumente debidamente su utilización.
En todo caso, haya o no nuevo recurso ante el TC, la medida se ha aprobado y ha entrado en vigor. Y no solo eso. El mencionado real decreto ley se acaba de convalidar en un pleno extraordinario celebrado nada más suspenderse el ordinario que le precedía, por respeto a las víctimas de las terribles inundaciones que se han cobrado decenas de vidas en nuestro país. Una muy triste forma de minar aún más el debate parlamentario en torno a esta ignominiosa reforma.
RTVE contará, a partir de ahora, con 14 consejeros, que pasan a tener dedicación exclusiva y una alta remuneración (desde 2012 solo cobraban dietas), y un presidente, dotado de amplios poderes y figura clave, por tanto, del consejo de administración.
Se trata, sin duda, de una hábil estrategia de Moncloa para contentar a los socios de investidura (con sillones y buenos salarios en el consejo) en el contexto del debate de los presupuestos, manteniendo, eso sí, el control de la corporación audiovisual pública con un presidente a buen seguro propuesto por el PSOE.
Anunció la actual reforma, en rueda de prensa, el ministro Óscar López, el mismo que en 2012 calificaba el real decreto ley promovido por los populares, y tan similar al actual, como “golpe de mano intolerable”.
Precisó, sabedor de la contradicción en que incurría una vez más este Gobierno, que “en las leyes que hace el PP basta con que Isabel Díaz Ayuso pacte con Miguel Ángel Rodríguez”. Los socialistas, sin embargo, con esta medida, nos garantizan que “el próximo consejo de administración de RTVE será el más plural de la historia”.
“Me atrevo a aventurar que el PP también estará en el consejo de administración y que nunca habrá habido más partidos”, afirmó López, descartando, eso sí, a Vox, porque, por más que sea la tercera fuerza política, la formación liderada por Abascal “representa todo lo contrario” de lo que quieren que sea RTVE. “Nunca habrá habido una televisión más plural que esta”, concluyó.
Persiste, pues, la nefasta consideración del consejo de administración como un órgano de representación política (los consejeros de tal y tal partido…) en vez de como un órgano de gestión.
López identificó, intentando justificar lo injustificable, la búsqueda de la profesionalización (que presentó como uno de los objetivos del Gobierno) con la dedicación exclusiva y el régimen de incompatibilidades, sin una sola mención al currículum de los consejeros. ¡Por algo se desmarcó tan pronto el PSOE de aquel concurso público que al principio decía apoyar!
En definitiva, pluralismo de trincheras frente a competencia (e independencia) profesional en el órgano de gobierno de RTVE. Prueba de ello, los nombres que acaban de darse a conocer en una propuesta suscrita por PSOE, Sumar, Unidas Podemos, ERC, Junts y PNV para repartirse los once consejeros de RTVE (entre los que figurará el presidente) que corresponde nombrar al Congreso.
Superando una vez más mis expectativas, observo que el mérito preferente para ser gestor de la corporación audiovisual pública nacional pasa a ser acreditar experiencia en el área de comunicación de algún partido de gobierno (casos de Angélica Rubio o Sergi Sol) o, ¿por qué no?, ser director de Comunicación del actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Esther de la Mata).
Antes de conocer este último despropósito, en una versión previa de este artículo, terminaba apelando al gran acuerdo suscrito hace casi dos décadas por los dos grandes partidos españoles para otorgar la presidencia de RTVE a Luis Fernández.
Hoy, con profundo pesar, porque siempre he sido defensora de los medios públicos, me pregunto qué sentido tiene mantenerlos en estas condiciones. Va la pelota al Senado. Es el turno del partido que se presenta como alternativa a este delirio…
