A ver lo que dura el bilateralismo. No es de recibo, en el marco de un proyecto federal, como afirma tener el Partido Socialista, que se instrumenten reuniones bilaterales cuando una de las partes, la autonómica, se niega a asistir a los órganos de coordinación multilateral. Es evidente que el postureo al que pueden quedar relegadas las comisiones bilaterales, salte en mil pedazos cuando, en otras bilaterales o en las multilaterales o sectoriales, se acuse al Gobierno de España de dar un trato no compatible con la igualdad federal a Cataluña, no ya respecto de lo que ha de quedar excluido como es el tema de la autodeterminación o las presiones al poder judicial, sino en relación con el baremo aplicable a las competencias autonómicas. Y ello desde el tema de la financiación (Consejo de Política Fiscal y Financiera), a la fijación de las bases de la educación (Comisión Sectorial de Educación), por poner unos ejemplos.
Si algo es necesario reforzar, para encontrar una salida programada a medio plazo, a los graves problemas que nos han generado los nacionalismos (todos, no sólo el catalán), es la práctica multilateral, fundamentada en el principio de la lealtad federal. Estados Unidos y, sobre todo, Alemania o Austria, funcionan razonablemente bien, dentro de la diversidad que la compleja estructura federal comporta, porque los instrumentos de cooperación política y técnica mantienen un funcionamiento regular y sirven para desbloquear las naturales divergencias que los Estados compuestos (federales, autonómicos, regionales... según la nomenclatura en cada caso) pueden presentar. El Estado mantiene competencias que no está ejerciendo (a los gobernantes de turno compete explicar por qué no lo hacen) y esta desidia está originando que no se controle que el desarrollo autonómico concuerde con las bases estatales, o que no se ejerzan los instrumentos de coordinación general constitucionalmente previstos. No hablo sólo respecto de Cataluña, sino del modelo autonómico en general, aunque es cierto que si no se interviene con mejor eficacia en el caso de la Generalitat, poco se podrá hacer con el resto.
No se trata de introducir métodos de decisión vertical nuevos, sino de que se practiquen los existentes mientras no se cambien y de reforzar la decisión horizontal, cooperativa, racionalizando la estructura autonómica. Ni tan siquiera es necesario reformar la Constitución para ello. Basta con hacer que lo que ya existe funcione, pero que funcione bien.
