El contenido del acuerdo en el ámbito de la lengua marca el camino hacia la expulsión del castellano de la vida institucional catalana y se propone garantizar su exclusión de las aulas.
El PSC asume íntegramente las tesis nacionalistas que pretenden que solo el catalán tenga las atribuciones que corresponden a una lengua oficial y que el castellano y por tanto los ciudadanos que lo tienen como lengua materna, renuncien a sus derechos.
La escuela catalana tiene como objetivo garantizar el aumento de hablantes del catalán y para ello se fiscalizará el trabajo de docentes. Ni los alumnos ni las familias tienen derechos lingüísticos, solo deben acatar el proyecto lingüístico de una escuela monolingüe en catalán.
Para conseguirlo amenazan con desobedecer a los tribunales si sentencian en contra de lo que ellos denominan “argumentos pedagógicos” que no son otros que mantener al castellano con el mismo estatus que tiene una lengua extranjera. «Si es posa en risc la prevalença del d’aquest criteri pedagògic, promourà,… les reformes i accions necesàries per defensar-lo i garantir-lo».
El pretendido “blindaje” del catalán como única lengua vehicular solo es posible si en Cataluña se desobedece el marco constitucional y las sentencias judiciales. Esto es lo que ha firmado y pactado el PSC y que pretende llevar a cabo en la próxima legislatura si finalmente el Sr. Illa es investido.
Mientras los resultados del sistema educativo catalán se sitúan a la cola de España y del resto de Europa, mientras Cataluña lidera los ranquin de segregación escolar, mientras las condiciones socioeconómicas son determinantes más que en otra comunidad autónoma para finalizar la enseñanza obligatoria, mientras más de 400 escuelas catalanas continúan trabajando en barracones y más de un centenar pendientes desde hace años de la retirada de la aluminosis, el nuevo Gobierno se compromete a gastar 200 millones de euros en “impulsar” el catalán. Las prioridades “progresistas” del nuevo gobierno catalán son diametralmente opuestas a las necesidades reales de los alumnos.
Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que ahora -más que nunca- tomen parte activa en la defensa de sus derechos, denunciando cuando estos sean vulnerados y exigiendo su respeto ante la administración catalana.
Barcelona, 30 de julio de 2024
