Comunicado de Impulso Ciudadano
El escrito presentado hoy (30/12/2019) por la Abogacía del Estado en relación a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019 confirma que el Gobierno español ha decidido convertirse en abogado defensor del Sr. Junqueras, condenado por los hechos que en septiembre y octubre de 2019 pusieron en peligro el orden constitucional y la convivencia en Cataluña.
Es esperable de la Abogacía del Estado que defienda el interés general; por lo que habremos de entender que en este caso interpreta que el interés general es que no se ejecute la sentencia dictada contra el principal cabecilla no fugado del intento de derogación de la Constitución en Cataluña en el año 2017, que se obvie que éste perdió su condición de diputado europeo el 14 de octubre de 2019, que no se comunique en debida forma al Parlamento Europeo que perdió tal condición en dicha fecha y no en ninguna posterior y que un condenado por sentencia firme por delitos graves pueda desplazarse por España y el extranjero con el fin de ejercer una función que perdió hace más de dos meses.
En el escrito no solamente se solicita que el Sr. Junqueras sea autorizado para ejercer sus funciones como diputado en el Parlamento Europeo, sino que, además, pide que se mantenga en suspenso la pena de inhabilitación a la que fue condenado el pasado 14 de octubre.
Recordemos que esta pena de inhabilitación fue solicitada por la propia Abogacía del Estado y, por tanto, se desconoce qué razones pueden existir para que ahora pida que se mantenga la suspensión de la misma.
En el caso del Señor Junqueras es claro que, una vez condenado por sentencia firme de 14 de octubre a la pena de 13 años de prisión, perdió la condición de diputado al Parlamento Europeo, por lo que solamente cabe comunicar al Parlamento Europeo esa pérdida de la condición de diputado y de la inmunidad que a ésta le acompaña; y todo ello con fecha 14 de octubre de este año. El propio escrito de la Abogacía lo explica en su punto 3.1.
Pese a la claridad de lo anterior, sin embargo, y a partir de ahí, la Abogacía del Estado se aparta de esa línea de interpretación para intentar encontrar resquicios en el Reglamento del Parlamento Europeo y en el Acta electoral de 20 de septiembre de 1976 que permitan llegar a una solución diferente.
En concreto, pretende que hasta que no se comunique al Parlamento Europeo el fin del mandato del Sr. Junqueras ha de entenderse que éste sigue gozando de la condición de eurodiputado, obviando que la fecha en que se produce la pérdida de tal condición es la de aquella en la efectivamente se da la pérdida, y no la de la comunicación realizada al Parlamento Europeo, tal como recoge el artículo 4.4 del Reglamento del Parlamento Europeo.
A partir de aquí se procede a un ejercicio de especulación jurídica para intentar explicar cómo podría llevar a cabo sus funciones de parlamentario europeo un diputado que había perdido su condición de tal ya en octubre.
Un escrito de parte imaginativo y carente de fundamentación jurídica que tiene como único apoyo el carácter “novedoso” y “difícil” del pronunciamiento realizado por el Tribunal de Luxemburgo en su sentencia de 19 de diciembre de 2019.
La utilización de las instituciones del Estado para el interés particular más que partidistas del actual presidente del Gobierno en funciones ha quedado probada mediante este escrito que confirma las peores expectativas tras el bochornoso espectáculo que vivimos ayer cuando supimos que ERC era conocedora, al menos, de las líneas generales del escrito antes de que éste fuera presentado al Tribunal Supremo.
La alianza explícita entre el Gobierno en funciones y quienes tienen como propósito declarado derogar la Constitución y destruir nuestro marco de convivencia ha comenzado a devorar las instituciones.
Será difícil que la Abogacía del Estado se recupere de la mancha que supone esta toma de partido por un delincuente condenado, que se une a la filtración del escrito conocida ayer.
Ante lo anterior, desde Impulso Ciudadano:
- Denunciamos que la Abogacía del Estado, en vez de defender el interés general se haya convertido en la defensora de quienes tienen como propósito destruir nuestro orden constitucional.
- Condenamos la instrumentalización de la Abogacía del Estado por parte del Gobierno.
- Pedimos una reacción democrática del conjunto de la sociedad y, en particular, de los socialistas que aún crean en el Estado de Derecho, en la Constitución y en la democracia.
- Exigimos que todos defiendan con convicción nuestro marco de convivencia frente a quienes lo atacan frontalmente desde el exterior y lo erosionan desde el interior.
Barcelona, 30 de diciembre de 2020
